⚖️ Caso Roman Storm: ¿Se criminaliza el código abierto? El veredicto que sacude a la industria cripto
- TDC
- 8 ago
- 3 Min. de lectura
El 6 de agosto, la justicia estadounidense emitió un fallo que podría cambiar para siempre la forma en que se desarrolla y regula la tecnología blockchain.
Roman Storm, cofundador y desarrollador de Tornado Cash, fue declarado culpable de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. La condena, que podría costarle hasta 5 años de prisión, encendió las alarmas en toda la comunidad cripto.
📌 ¿Qué pasó con Tornado Cash y por qué es importante?
Tornado Cash, lanzado en 2019 por Storm junto a Alexey Pertsev y Roman Semenov, es un mixer de criptomonedas diseñado para proteger la privacidad de las transacciones.
Su funcionamiento es no custodial: el protocolo no controla los fondos de los usuarios, sino que utiliza contratos inteligentes para ofuscar el origen y destino de las criptos.
Sin embargo, al ser utilizado en ocasiones por actores maliciosos para el lavado de fondos —incluyendo casos atribuidos a hackers norcoreanos—, el gobierno de EE.UU. lo sancionó y lo incluyó en su lista negra.
Pertsev enfrenta un juicio en Países Bajos.
Semenov sigue prófugo y figura en la lista de más buscados del FBI.
Storm fue arrestado en EE.UU. en 2023 y ahora enfrenta esta condena.
🚨 El peligroso precedente
La jueza Katherine Failla determinó que Tornado Cash es un “transmisor de dinero”, incluso sin custodia directa sobre los fondos, lo que implicaría que debió aplicar procesos AML/KYC como cualquier exchange centralizado.
Esto abre la puerta a responsabilizar penalmente a desarrolladores de software de código abierto, aunque no tengan control operativo sobre el uso que terceros hagan de su tecnología.
Organizaciones como Blockchain Association y Solana Policy Institute advierten que esta interpretación mal aplica las leyes de transmisores de dinero y pone en riesgo la innovación en EE.UU.. Según sus declaraciones, si esta lógica se mantiene, cualquier creador de software —desde navegadores hasta apps de mensajería— podría ser procesado si su herramienta es mal utilizada.
🔍 Más allá del caso Storm: ¿El código es culpable?
Para muchos analistas legales, este juicio no solo trata sobre un mixer, sino sobre la responsabilidad legal de los creadores de tecnología descentralizada.
El abogado Andrew Rossow lo resume así:
“Es un referéndum sobre la agencia individual en la era del código abierto. El fallo pone una sombra sobre la responsabilidad de los desarrolladores, pero el hecho de que el jurado no haya condenado en los otros dos cargos demuestra que el código, por sí mismo, no es criminal.”
Esto deja abierta la gran pregunta:
¿Deben los desarrolladores ser responsables por el mal uso de un software que no controlan?
📜 Próximos pasos y resistencia de la industria
La comunidad cripto ya prepara la respuesta:
Ethereum Foundation ha prometido igualar donaciones hasta $500,000 para financiar la defensa legal de Storm.
Crypto Council for Innovation y Blockchain Association impulsan una apelación ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito.
Organizaciones presionan al Congreso para aprobar la CLARITY Act, que defina legalmente aspectos clave de DeFi y proteja el desarrollo de protocolos no custodiales.
💡 Análisis TODODECRIPTO: El riesgo para la privacidad y la innovación
Este fallo llega en un momento crítico. Con la adopción de cripto en crecimiento, los gobiernos buscan reforzar controles, pero el riesgo es frenar la innovación y criminalizar herramientas que son esenciales para la privacidad financiera.
Si se consolida este precedente, podría generar un efecto paralizante para desarrolladores, inversores y startups que trabajan en protocolos descentralizados.
La batalla legal de Roman Storm no es solo suya: es un punto de inflexión en la lucha por la neutralidad del código y la libertad de construir en Web3.
🔚 Conclusión: Privacidad no es delito
El veredicto contra Roman Storm plantea una amenaza real para el desarrollo de software abierto y para el derecho a la privacidad financiera.
La industria tiene ahora una oportunidad —y una responsabilidad— de unirse, presionar por claridad regulatoria y defender el principio de que escribir código no es un crimen.
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